A finales de año, Godoy Cruz aspira a inaugurar su propio parque solar conectado a la red eléctrica que permitirá, a decir del intendente Tadeo García Zalazar, reducir el gasto del alumbrado público para “afrontar la crisis”.

“Eso impacta en el bolsillo de la gente porque va a ser menos lo que pague”, sostuvo el jefe comunal, que se perfila como candidato a gobernador, en un mensaje que compartió en sus redes sociales esta semana y que generó voces a favor y en contra. 

Distintos especialistas en materia energética, que fueron consultados por El Sol, avalaron la medida y otros dudaron de su impacto.

El proyecto, que está en su fase inicial, se hará en un terreno baldío donde antes hubo un basural, en el Oeste, sobre calle Perón, al lado del polideportivo Nicolino Loche. Ya tiene su cierre perimetral y un cartel que anuncia la obra.

La licitación de la tecnología la ganó la empresa con sede en Buenos Aires, Intermepro, y la inversión fue de 800.501,68 dólares. Dinero que salió del presupuesto 2021 del departamento, según especificaron desde el gobierno municipal. 

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Desde la comuna indicaron que aún no pueden precisar cuál será el porcentaje o monto que se les reducirá a los vecinos de sus boletas de luz como consecuencia del impacto de esta iniciativa, pero el objetivo es que desembolsen menos dinero en el ítem AP (alumbrado público) que figura en el recuadro 3 “Impuestos, Tasas y Contribuciones” en las facturas de la Cooperativa Eléctrica. 

Nelson Copia, director de Eficiencia energética de Godoy Cruz, detalló que se montarán 1.024 paneles solares con una potencia nominal instalada de 613 Kw (0.613 Mw).

De esta manera, el parque tendrá una producción de energía estimada anual de 1.057 megavatios que se inyectarán directamente a la red.

Luego, la Cooperativa Eléctrica descontará esa generación al consumo energético que haga el departamento en sus luminarias.

Copia explicó que durante todo el 2021, el alumbrado público de la comuna consumió 16.600 Mw, es decir, que, a priori, lo que produzcan los paneles estará compensando un 6,3% de esa energía.

En el último bimestre, el propietario de una vivienda pagó unos $670 en concepto de AP. Mientras que un usuario de un departamento ubicado en un complejo, menos, unos $66 en ese ítem. 

Si bien es potencial, si hoy se trasladara a estos usuarios el ahorro, sería insignificante, de $42 a $4, respectivamente, por eso los cuestionamientos apuntan a si se justifica esa inversión.

“Nosotros, estamos inyectando energía a la red y compensándola con el alumbrado público. En definitiva, va a impactar en el costo del AP que pague el vecino. Todo esto dependerá de las tarifas”, dijo el funcionario.

Y agregó que se analizó canalizar esa imputación de energía para abastecer las dependencias municipales, pero aunque hubiesen cubierto un 66% de ellas, se decidió beneficiar al godoicruceño para que obtenga una reducción en el porcentaje que desembolsa por el servicio de electricidad.

“Los paneles tienen una vida útil de 30 años si están bien mantenidos y pueden llegar a reducir 34 mil toneladas de dióxido de carbono. Tiene su impacto ambiental importante”, añadió el director de Eficiencia energética, quien recordó que la compra de esos insumos se amortiza en unos 8 años.

Luis Álvarez, director del Instituto Regional de Estudios sobre Energía, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, consideró que la acción de Godoy Cruz busca “dar una señal ecologista, político y social de que quiere cuidar a sus vecinos”. “Desde ese punto de vista es buena”, dijo el especialista.

Y señaló que bajo esa mirada, “todo análisis económico queda afuera” porque ese dato “es duro” y “no cierra” en la Argentina actual.

En este sentido, recomendó que la iniciativa de Godoy Cruz esté acompañada de información constante sobre los beneficios de la energía no convencional y sostuvo, además, que se deberían aplicar otras políticas complementarias como quita temporal de impuestos, por ejemplo, para incentivar la instalación de sistemas fotovoltaicos en las viviendas.

En la vereda contraria, Luis Juanicó, doctor en Ingeniería Nuclear e investigador del Conicet, evaluó, por un lado, que lo que invirtió el municipio por la tecnología “está dentro de los parámetros ‘normales’ a nivel mundial”, pero que “siempre hay ‘sorpresas’ en la letra chica de los acuerdos y allí está el problema oculto”.

Para el ingeniero, no debería ser la comuna al frente de García Zalazar quien haga tan contundente inversión, sino los privados o, en este caso, la propia Cooperativa Eléctrica. 

“Hoy, con las tarifas pesificadas, no es rentable para un privado el comprar paneles y no me parece que el municipio deba hacerlo”, afirmó y sumó: “Siempre hay proyectos alternativos. Una iniciativa puede ser buena en sí misma, pero hay que pensar si esa misma plata no se podría usar en otra cosa”.

Aclaró que si bien los paneles duran 30 años, si no reciben mantenimiento seguido “generan menos” y “después de 10 años comienzan a producir una menor cantidad de energía porque van envejeciendo”.

En este punto especificó que existen medidas sustentables de muy bajo costo. “Poner bombas de calor en todas las escuelas y edificios municipales, colocar burletes en puertas y ventanas para que no entre el chiflete del aire frío y dejar de usar pava eléctrica”, fueron algunas de las recomendaciones que dio Juanicó.

Y sentenció: “Apagando media hora antes las luces del alumbrado público puede ahorrar ese 7% de energía que pretenden sin ningún peso”.

Raúl Faura, gerente Técnico de Regulación del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), detalló que existen tres parques solares en Mendoza que venden energía al mercado eléctrico mayorista y que están regulados por reglamentaciones nacionales: dos en Santa Rosa, Helios con 11.500 paneles (potencia de 5 Mw) y el Santa Rosa con 20.000 (6,6 Mw). En San Martín, se ubica el Pasip con 4.000 paneles (1,15Mw).

El de Godoy Cruz, será el primero de un municipio que esté bajo las normativas provinciales. “Tiene una potencia intermedia, no es muy grande, pero es interesante”, opinó Faura, quien ejemplificó que hay instalaciones en bodegas que alcanzan una potencia de 300 Kw.

“En este camino de quita de subsidio va a tener más justificación la colocación de paneles solares por los costos que se ponen en juego”, dijo y explicó que el beneficio de estas tecnologías depende de cada uno. 

“Hay usuarios que instalan paneles en sus casas y no lo hacen por una cuestión económica, sino porque están comprometidos con el medio ambiente. Hay empresas o bodegas que lo hacen porque necesitan una trazabilidad de energía limpia para poder ingresar a los mercados europeos”, aclaró.

Debido al aumento de la demanda, el EPRE viene actualizando sus normativas. “La resolución de 2015 permitió que hubiera usuarios generadores que podían volcar el excedente de energía a la red y la distribuidora se la pagaba. En el 2018 lo ampliamos e incorporamos nuevos conceptos”, dijo.

Actualmente, hay 450 usuarios generadores o en proceso de hacerlo. De estos, unos 300 son de tipo residencial y 150 comercios o industrias.

Faura detalló que la última normativa permitió, entre otras cosas, que quienes inyectan energía a la red puedan ceder la compensación a otro suministro, por ejemplo, el de un pariente para que se lo descuenten de su factura.

El precio que la empresa paga por la energía que compra, es el mismo precio que el usuario paga por la energía que consume. “Debe ser así”, dijo el referente del EPRE, quien, aclaró, por otro lado, que es complejo que una Cooperativa sea la que instale sus propios paneles.

“El contrato de concesión que tienen las cooperativas es por la prestación del servicio eléctrico. Podrían tener, a lo mejor, una faz de generación, pero el sistema, en principio, trata de evitar eso porque podría tener ingresos extraordinarios a costa de los usuarios que compren esa energía. Hay que analizarlo en detalle. No es tan simple el tema porque hay un contrato”, concluyó.