Entre las medidas definidas por el Gobierno para intentar bajar el gasto público y frenar la sangría de dólares está la segmentación de los subsidios a las tarifas energéticas y el establecimiento de “topes” de consumo para el beneficio. Una medida acertada para moderar el actual derroche, aunque por sí sola no alcanza para cambiar conductas consolidadas en décadas de tarifas artificialmente baratas y escasas políticas de promoción de la eficiencia energética.
El tema es crítico. La principal razón de la pérdida de casi 100 millones de dólares diarios de las reservas del Banco Central este mes son las importaciones del gas natural, que representa el 53% de la energía que se consume en el país, ya que además del uso domiciliario el 60% de la electricidad proviene de centrales térmicas en base a este combustible.
Hasta el momento se han dado sólo lineamientos muy generales sobre cómo se instrumentará tal segmentación. Pierden todo beneficio unos 4 millones de usuarios que no aplicaron al subsidio. Y quienes postularon al subsidio y consumen hasta 400 kilovatios mensuales, lo mantendrán. A partir de los 400kw se paga tarifa plena por ese consumo extra. En el caso del gas, la quita seguirá la misma lógica, aunque todavía no se difundieron los topes.
En un país con realidades desiguales, resta saber qué criterios se aplicarán por regiones. Por ejemplo en el NOA y el NEA, las zonas cálidas del país, donde es intensivo el aire acondicionado y en varias provincias no existe red de gas. O en la Patagonia y otras zonas frías, donde la calefacción sobrepasa esos límites con comodidad en un invierno típico, y muchas casas sin acceso a la red de gas usan caloventores u otros sistemas eléctricos. Sin dudas uno de los problemas es la deficiente información de los organismos del Estado sobre los consumidores.
No sólo Argentina está definiendo medidas de ahorro energético. En Europa, debido a la escasez de gas ruso derivadas de la guerra en Ucrania, Francia, España, Gran Bretaña y Alemania anticipan medidas como el apagón de vidrieras comerciales y semáforos, menos calefacción y aire acondicionado en edificios públicos y recomendaciones para consumir menos.
En nuestro país, los expertos coinciden en que el sistema de subsidios masivos e indiscriminados aplicados desde hace décadas a usuarios residenciales y comerciales han sido nefastos. En primer lugar porque promueven el uso desaprensivo de gas y electricidad por su bajo costo. Además, desincentivan conductas de ahorro, como la compra de equipos de mayor eficiencia energética, el cambio a sistemas de energías renovables o el mejor aislamiento de casas y edificios. Otro problema es que son mecanismos muy poco flexibles (difíciles de quitar o cambiar una vez aplicados), incrementan el gasto público en forma desmedida y amplían la desigualdad, ya que los hogares de más recursos y mayor consumo se benefician en mayor medida que los más pobres.
Según expertos, en Argentina se podrían ahorrar hasta 2.000 millones de dólares por año en energía si el Estado realiza, financia o promueve acciones para reconvertir la matriz de consumo residencial, el 40% del consumo energético. La mayoría usa calefactores, aires acondicionados, termotanques y heladeras de baja eficiencia energética. Otro aspecto clave son las viviendas, que hoy, incluso en planes financiados por el Estado, son verdaderos coladores de energía. Con medidas sencillas de aislamiento como poner burletes, cortinas o recubrir techos y paredes con materiales aislantes se reduce hasta un 40% el consumo y el 50% en tarifa. En empresas y organismos públicos, pequeñas inversiones en organización y automatización de tareas reducirían hasta 15% el gasto.
A raíz de las subas, comenzaron a difundirse sencillas conductas y acciones cotidianas que permitirían ahorros importantes. Sería importante que formaran parte de programas de educación de la población en el uso racional y eficiente de la energía desde la infancia, hoy casi inexistentes en nuestro país.
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