La virtud, no consiste en abstenerse del vicio, sino en no desearlo.| Bernard Shaw

Franco Isorni era el mayor de tres hermanos, estudiaba una carrera universitaria -técnico en construcción- y trabajaba como repartidor. Tenía 23 años cuando, el 26 de agosto de 2020, apareció muerto en una rotonda de la ciudad de Santiago del Estero. La versión oficial señaló que el joven perdió el control de la moto y tuvo un choque fatal contra el guardarraíl. Dos días después del hecho, su mamá recibió una llamada.

Patricia había trabajado como personal civil en la Policía de Santiago del Estero: durante nueve años lideró el sector de Sistemas en la División de Antecedentes Personales. Con un nudo en el estómago y plena confianza en la voz que escuchaba al otro lado del teléfono, la mamá de Franco quiso saber más. “Te borraron la cámara”, le respondió el hombre al que había conocido en la fuerza.

La mujer se contactó con Martín Silva, primer fiscal del caso, y recibió una confirmación que le causó estupor: las cámaras no habían registrado el choque en el cruce de las avenidas Solís Oeste y Leopoldo Lugones, sino que solo figuraban imágenes de los momentos anteriores y posteriores.

“Enterré a mi hijo creyendo que había sufrido un accidente, pero me lo habían matado”, cuenta Patricia hoy en diálogo con TN. Denuncia que Franco fue víctima de un crimen con sello narco, que hubo un entramado policial con la misión de sostener la hipótesis del accidente, y que la Justicia provincial actuó como encubridora.

Con el caso cerrado en Santiago del Estero, la mujer realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo es reabrir una investigación que exhibió fisuras desde el principio y se vio salpicada por graves denuncias, como intervenciones sobre el cuerpo de la víctima y adulteración de pruebas.

“Hay 15 minutos y 18 segundos de adulteración de imágenes. Hay un salto en la escena. Y dentro de la misma extracción, hay cuatro secuencias fílmicas que se repiten. Esas extracciones ocurrieron el 27 de agosto a las 14.20, unas horas después de la muerte de mi hijo”, argumenta Patricia. “La pericia informática realizada por la fiscalía no pudo probar por qué se produce ese salto en la imagen”.

Según la mamá, esos 15 minutos y 18 segundos sin registro fílmico es “el tiempo que tuvieron para descartar el cuerpo y cortarlo en el piso”. Patricia asegura que a su hijo “lo degollaron, ya muerto, para simular un accidente”. Esa versión fue certificada por la perito de parte, Virginia Creimer.

En las semanas siguientes a la muerte de Isorni surgieron testimonios que hablaban de una persecución policial e incluso de disparos: eran tiempos de severas restricciones en un contexto donde el coronavirus se devoraba miles de vidas cada 24 horas. Otro detalle que llamó la atención es que el cadáver fuera trasladado en un móvil policial y no una ambulancia, como establece el protocolo. “¿A qué llevan un cuerpo a una comisaría?”, es una de las tantas preguntas que Patricia se hace desde aquella noche.

El fiscal Silva no ordenó ninguna autopsia y cerró el expediente como “deceso en accidente de tránsito”. Recién un mes después, la fiscal Érika Leguizamón habilitó una inspección ocular “con el cuerpo ya descompuesto y sin sacarlo del cajón. Cuando pregunté por qué, ella me respondió: ‘es esto o nada, lo tenemos que hacer acá por la pandemia’”, acota la mamá.

“Ahí vi que mi hijo estaba descalzo, sin las zapatillas verdes que tenía la primera vez que fui a reconocer el cuerpo a la morgue, en La Banda”, agrega. El procedimiento concluyó que Franco murió a raíz de un golpe en la cabeza, en contraposición con el primer informe, que hacía referencia al corte en el cuello.

La presión de la familia logró que el 30 de junio de 2021, casi un año después de la muerte del joven, el cadáver fuera trasladado a Buenos Aires para una pericia en la morgue del Cuerpo Médico Forense. En esas horas, en diálogo con TN, Patricia Isorni se mostró aliviada ante lo que consideraba una inminente confirmación de sus sospechas. “Es dolorosísimo para nosotros, pero, a la vez, la calma de haber logrado el objetivo y que se sepa que realmente lo asesinaron”, dijo entonces.

“Hubo 23 forenses en la autopsia, de los cuales 20 concluyeron que fue un homicidio. Los tres restantes señalaron que murió debido a un shock hipovolémico producto del accidente, aunque no especificaron nada”, cuenta Patricia hoy. Y revela un detalle que la dejó sin palabras: “Mi hijo llegó sin corazón a esa autopsia. Literalmente le robaron el órgano del corazón, que era clave para esclarecer las circunstancias de su muerte”.

Por tal motivo, además de la reapertura de la causa, su pelea es porque aquel peritaje sea declarado nulo y se autorice un nuevo procedimiento.

Patricia tiene dos hipótesis y ambas confluyen en la presunta responsabilidad policial. La primera tiene que ver con una denuncia que Franco realizó contra efectivos de la comisaría 3era tras haber sido detenido el 24 de mayo de 2020. El motivo: haber violado la cuarentena. “Estaba conversando con una amiga en la puerta de casa y se lo llevaron tipo comando. Volvió arrastrándose a casa de los golpes que le dieron. Apenas podía moverse”, relata la mamá.

El otro escenario que se plantea Patricia es que Franco haya visto o escuchado algo que no debía. Horas antes de su muerte, el joven estuvo con una amiga en una fiesta en la casa de Gonzalo Padilla, alias “Chino”, condenado en junio reciente a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por comercialización de drogas. “En esa fiesta había policías. ¿Y si alguien lo entregó?”, duda.

“El mismo policía que manejaba el móvil cuando se llevaron detenido a Franco en mayo aparece en la escena de su muerte, que además no era jurisdicción de la Comisaría 3era”, asegura. Pese a que la querella aportó estas líneas de investigación, la fiscal Leguizamón nunca las tuvo en cuenta.

En noviembre de 2020, mientras en Santiago del Estero duraba la conmoción por las sospechas sobre el caso, otra muerte tras una persecución policial en cuarentena sacudió a la provincia. Clara Bravo, de 19 años, circulaba en moto como acompañante fuera del horario permitido y chocó contra un montículo de tierra.

El joven que manejaba sufrió heridas leves. Clara, que estaba embarazada, murió en el acto. Ocurrió en Añatuya, donde horas después hubo graves incidentes en una protesta para reclamar por el esclarecimiento del caso y el fin de los controles policiales. “Ella era amiga de Franco y mirá. ¿Vos creés en las casualidades? Yo no”, concluye Patricia.

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